Senado avala nacionalidad única para cargos ejecutivos
Con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de CDMX.
El Senado da luz verde a una nueva condición para competir por cargos ejecutivos
El Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional que establece como requisito la nacionalidad mexicana única para quienes busquen contender por la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen recibió 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que avanzó una modificación que ahora deberá ser revisada por las legislaturas de las entidades federativas antes de completar el procedimiento de reforma constitucional.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, correspondientes a los requisitos para la Presidencia, las gubernaturas y el gobierno de la capital del país.
De acuerdo con el texto aprobado, las personas que tengan una segunda nacionalidad y pretendan competir por alguno de estos cargos deberán renunciar a ella para cumplir con la nueva disposición.
¿A quiénes afectaría la reforma?
La modificación está dirigida específicamente a quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.
En el ámbito federal, la disposición alcanzaría a las candidaturas a la Presidencia de la República. En las entidades federativas, se aplicaría a quienes busquen una gubernatura, mientras que en la Ciudad de México correspondería a quienes pretendan ocupar la Jefatura de Gobierno.
La medida no establece una prohibición general para que los mexicanos tengan doble nacionalidad. Su alcance está relacionado con el acceso a determinados cargos públicos de elección popular.
El debate legislativo se ha concentrado precisamente en esa diferencia: mientras el proyecto plantea una condición específica para ejercer estos puestos, sus opositores han cuestionado que el requisito pueda limitar la participación política de ciudadanos mexicanos que también poseen otra nacionalidad.
El argumento de la nacionalidad exclusiva
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
Durante el proceso legislativo, los impulsores de la reforma han relacionado la medida con la defensa de la soberanía nacional y con la necesidad de establecer que quienes aspiren a las máximas responsabilidades ejecutivas del país tengan únicamente la nacionalidad mexicana.
La propuesta comenzó su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada después de un prolongado debate. En lo particular, la minuta recibió 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, antes de ser enviada al Senado.
Posteriormente, las comisiones correspondientes del Senado aprobaron el dictamen sin modificaciones, preparando el terreno para su discusión en el Pleno.
La oposición cuestiona el alcance de la medida
La reforma también generó rechazo entre legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Entre los argumentos planteados durante la discusión se encuentra la preocupación de que la nueva condición pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que adquirieron otra nacionalidad, particularmente aquellos relacionados con comunidades migrantes o personas nacidas fuera del territorio nacional.
Desde la oposición también se ha cuestionado que poseer dos nacionalidades sea equivalente a mantener dos lealtades políticas.
Estas posiciones forman parte del debate legislativo registrado durante la discusión del dictamen y contrastan con la justificación de sus promotores, quienes sostienen que la medida busca garantizar un vínculo exclusivo con el Estado mexicano para quienes ejerzan los principales cargos ejecutivos.
La reforma todavía no entra en vigor
La aprobación del Senado no significa todavía que la reforma quede incorporada definitivamente a la Constitución.
Al tratarse de una modificación constitucional, el proyecto debe continuar con el procedimiento establecido para este tipo de cambios. La minuta será enviada a los congresos de las entidades federativas, donde deberá obtener el respaldo requerido para completar el proceso.
La información legislativa publicada durante el trámite señala que se requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales, además de la declaración correspondiente por parte del Congreso de la Unión, antes de que pueda concluir el procedimiento constitucional.
Por ello, el siguiente escenario estará en los congresos locales, donde cada legislatura deberá analizar y votar la propuesta.
Aplicación prevista para el proceso electoral de 2028
Otro elemento relevante es el régimen transitorio.
La reforma contempla que las nuevas reglas sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no modificarían las condiciones bajo las cuales fueron electas las actuales autoridades que ocupan la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La Cámara de Diputados estableció desde la aprobación de la minuta que la modificación tendría aplicación a partir del proceso electoral de 2028 y que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez concluido todo el procedimiento constitucional.
Un cambio con efectos sobre futuras candidaturas
De concretarse todo el procedimiento, el cambio representaría una nueva condición constitucional para quienes busquen ocupar los principales cargos ejecutivos mediante elección popular.
En términos prácticos, una persona que conserve una segunda nacionalidad no podría cumplir con el requisito establecido por la reforma para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La discusión, sin embargo, todavía no concluye. El paso por los congresos estatales será determinante para definir si la reforma consigue el respaldo necesario para incorporarse formalmente a la Constitución.
El debate también abre una discusión más amplia sobre la relación entre nacionalidad, derechos políticos, soberanía y participación electoral de los mexicanos que poseen vínculos jurídicos con otros países.
Por ahora, el Senado ya fijó su posición mediante una votación de 86 votos a favor y 42 en contra. El siguiente capítulo de la reforma se trasladará a las legislaturas locales, antes de determinarse su eventual entrada en vigor.
