Gobierno de Morelos: intereses políticos no justifican dañar a la población
Edgar Maldonado condenó los bloqueos y el cierre de Palacio de Gobierno; pidió resolver diferencias por la vía institucional y dentro de la ley.
Cuernavaca, Morelos. El Gobierno de Morelos fijó su postura tras las movilizaciones del pasado miércoles 23 de septiembre, en las que participaron actores vinculados con el Partido del Trabajo (PT). El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que las inconformidades políticas deben canalizarse mediante mecanismos institucionales y con apego a la legalidad, sin generar afectaciones a terceros.
Postura del Ejecutivo estatal
La declaración se dio en conferencia de prensa, realizada en el Salón Bicentenario de la sede del Poder Ejecutivo. Ahí, el funcionario estatal rechazó los hechos registrados durante la jornada y sostuvo que la libertad de expresión no puede ejercerse a costa de las garantías de otras personas ni de la normalidad de la vida pública.
Maldonado estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, y por Raúl Vergara Mireles, representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la entidad.
Bloqueos y cierre de accesos
El titular de la política interna hizo referencia a los bloqueos en diversas vialidades de Cuernavaca y en la autopista México-Acapulco. También cuestionó que los accesos a Palacio de Gobierno fueran cerrados con cadenas y candados mientras trabajadores y ciudadanos aún se encontraban dentro del inmueble.
De acuerdo con el funcionario, expresar desacuerdos es parte esencial de una sociedad democrática. Sin embargo, consideró que impedir el libre tránsito, entorpecer las actividades laborales y limitar el acceso a oficinas públicas excede los alcances de una protesta legítima y perjudica directamente a personas ajenas a cualquier controversia política.
«Manifestarse es un derecho, generar temor no»
Sobre esta distinción, Maldonado fue enfático: “Manifestarse sí constituye un derecho, pero generar temor, impedir la libertad de las personas y afectar a la ciudadanía, eso no es un derecho”.
Añadió que las diferencias políticas y sociales deben tramitarse por cauces democráticos y legales, con responsabilidad y respeto hacia los demás, evitando acciones de presión que repercutan en la sociedad o interfieran en el funcionamiento de la administración pública.
El servicio público, al servicio de la gente
El secretario de Gobierno subrayó que quienes integran el servicio público tienen la obligación de atender y proteger a la población. En ese sentido, aseguró que el Poder Ejecutivo estatal actuará con firmeza para preservar la gobernabilidad, garantizar la continuidad de los servicios y salvaguardar los derechos de todas y todos los morelenses.
Recalcó además que la defensa del bienestar ciudadano será una premisa constante de la administración, por encima de cualquier interés político.
Deslinde de responsabilidades
Finalmente, Maldonado indicó que cualquier hecho que pudiera derivar en responsabilidad legal deberá ser investigado por las autoridades competentes, las cuales determinarán lo procedente conforme a derecho.
