Diputados avalan en comisiones veto a doble nacionalidad
La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reforma que obliga a aspirantes a la Presidencia y gubernaturas a renunciar a otra nacionalidad.
La reforma constitucional que impedirá a los mexicanos con doble nacionalidad aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dio este martes 8 de septiembre un paso decisivo: la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, en medio de críticas de la oposición que anticipan un debate intenso quando el proyecto llegue al pleno de San Lázaro. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para instaurar lo que sus promotores llaman un «régimen de nacionalidad única» en la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.
De la propuesta presidencial al dictamen en comisiones
El proceso legislativo comenzó formalmente el 27 de agosto, cuando Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que enviaría al Congreso la propuesta. Cuatro días después, el 31 de agosto, la iniciativa fue remitida por la Presidencia a la Comisión Permanente del Congreso, que la turnó de inmediato a la Cámara de Diputados. El 7 de septiembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura tuvo listo el dictamen bajo el título «Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales», y un día después lo sometió a votación, obteniendo el aval necesario para continuar su trámite.
El siguiente paso, previsto para este miércoles 9 de septiembre, es la primera lectura o «publicidad» del dictamen ante el pleno de la Cámara de Diputados. Según ha señalado el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, la discusión y eventual votación en el pleno se perfila para la tercera semana de septiembre, después del día 21, una vez que transcurran los plazos reglamentarios entre la publicidad de un dictamen y su discusión.
Los alcances de la reforma
El proyecto establece que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno capitalina no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de poseerla al momento de buscar la candidatura, estarán obligados a renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro ante la autoridad electoral. La exposición de motivos del dictamen precisa que esa renuncia no podrá limitarse a una simple declaración ante autoridades mexicanas, sino que deberá acreditarse mediante las gestiones correspondientes ante el Estado extranjero que otorgó la nacionalidad, de manera que exista certeza jurídica sobre la exclusividad del vínculo con México.
La reforma no se agota en el requisito de registro. También prohíbe a quienes ya ocupan alguno de estos cargos adquirir o solicitar una nacionalidad distinta durante su mandato, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país, ejercer derechos políticos en el extranjero o acogerse a la protección diplomática de un gobierno distinto al mexicano. Un aspecto relevante del dictamen es que no elimina el derecho constitucional de cualquier mexicano a conservar una segunda nacionalidad en su vida cotidiana: la restricción opera únicamente para quienes decidan competir por estos cargos ejecutivos específicos.
Otro elemento clave incorporado en el dictamen es el artículo tercero transitorio, que fija la entrada en vigor de las nuevas reglas: serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no tendrían efecto retroactivo sobre la actual administración ni sobre comicios ya en marcha.
El argumento de la «lealtad absoluta»
Sheinbaum ha defendido públicamente la medida apelando a la idea de que existe un conflicto de interés inherente cuando quien gobierna ha jurado lealtad a la bandera de otra nación. En días recientes resumió su postura señalando que no se puede ser presidente y responder a dos banderas, sino solo a la mexicana. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales retoma ese argumento, pero matiza que la reforma no parte de «una presunción de deslealtad» hacia las personas binacionales, sino que se presenta como una medida preventiva y excepcional orientada a garantizar que las decisiones del Ejecutivo se tomen conforme al interés público nacional.
En la misma línea, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ha argumentado que la disposición no es una novedad radical en el ordenamiento jurídico mexicano, sino que sigue una lógica similar a la que ya exige la Ley Nacional de Migración para ocupar ciertos cargos de elección popular.
Fisuras internas y rechazo de la oposición
Aunque Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para sacar adelante el dictamen, el proceso ha dejado ver tensiones incluso dentro del bloque oficialista. En el Senado, legisladores morenistas con doble nacionalidad —como Javier Corral Jurado, quien posee también la estadounidense— se verían directamente afectados en sus derechos políticos de cara al futuro. Dentro del Partido Verde, coordinado por Manuel Velasco, también se han escuchado voces de inquietud, aunque la mayoría del grupo respalda la iniciativa.
Del lado opositor, el rechazo ha sido más frontal. El PRI ha calificado la reforma como una medida excluyente que, advierte, crearía ciudadanos «de primera y de segunda», afectando a millones de mexicanos que por razones históricas, familiares o laborales poseen una doble nacionalidad sin que ello, argumentan, comprometa su compromiso con el país. Esa crítica se ha repetido en la discusión de comisiones y se anticipa que será uno de los ejes centrales del debate cuando el dictamen llegue al pleno.
Más allá del Ejecutivo: la propuesta para ampliar el alcance
El impulso de la reforma presidencial ha abierto la puerta a iniciativas adicionales dentro del propio oficialismo. La senadora morenista Laura Estrada Mauro presentó un proyecto para extender restricciones similares a quienes aspiren al Senado de la República, bajo la figura de un «régimen constitucional reforzado» que exigiría también un vínculo exclusivo de nacionalidad durante el ejercicio del cargo legislativo. Esta propuesta, sin embargo, sigue un camino legislativo independiente y no forma parte del dictamen que avanza actualmente en Diputados.
Lo que sigue en el proceso legislativo
Por tratarse de una reforma a la Constitución, el camino que resta es largo. Tras su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados —prevista, según los cálculos de la Jucopo, para después del 21 de septiembre—, el proyecto deberá pasar al Senado de la República para su análisis y, en su caso, aprobación. Finalmente, conforme al procedimiento del artículo 72 constitucional, la reforma requerirá el aval de la mayoría de los congresos estatales para poder entrar en vigor.
Con la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados iniciando su tercer y último año de gestión, la reforma de nacionalidad única se perfila como uno de los primeros grandes pulsos legislativos del periodo, y una de las primeras pruebas de cohesión para la coalición oficialista de cara a los procesos electorales de 2027 y 2028. Mientras el debate continúa, el país observa cómo se redefinen, artículo por artículo, los requisitos para ocupar la silla presidencial, una gubernatura o el gobierno de la capital.
