Morelos refuerza su estrategia de seguridad y apoyos
Cámaras de videovigilancia, programas sociales y coordinación interinstitucional marcan la agenda de seguridad en Morelos.
Morelos, México. El Gobierno del Estado de Morelos, bajo el lema «La Tierra que Nos Une», dio a conocer en su más reciente conferencia de prensa un balance de las acciones emprendidas en materia de seguridad pública, tecnología de videovigilancia y apoyos sociales, como parte de los ejes centrales de la administración estatal 2024-2030 encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia.
Un sistema de cámaras pionero en el país
Uno de los anuncios centrales tiene que ver con el Proyecto de Videovigilancia impulsado por la entidad, que las autoridades estatales han calificado como el primero de su tipo en México. En su etapa inicial, el proyecto contempla la instalación de once arcos carreteros, 158 cámaras distribuidas en puntos estratégicos y ocho Centros de Control y Comando municipales, equipamiento que arrancó operaciones en los municipios de Huitzilac y Cuautla.
El objetivo declarado de esta infraestructura es fortalecer la prevención del delito, particularmente en lo relacionado con el robo de vehículos y el uso de automóviles para cometer ilícitos, además de mejorar los tiempos de respuesta de las corporaciones policiacas y afinar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, estas tecnologías cuentan con capacidad de almacenamiento de video, un elemento clave para el seguimiento de delitos y el apoyo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado. El funcionario detalló que el proyecto integral contempla también 55 botones de pánico, 21 estaciones de monitoreo, 13 servidores de almacenamiento y 20 antenas lectoras de placas, lo que permitiría un mayor control sobre los vehículos que transitan por la entidad.
La puesta en marcha de esta infraestructura fue posible, según las autoridades, gracias a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y contó con la presencia de Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, quien acompañó a la gobernadora en el arranque del proyecto.
En un balance más reciente sobre los resultados obtenidos, el gobierno estatal informó que en materia de inteligencia y tecnología se retiraron más de 170 cámaras de videovigilancia consideradas ilegales, se instalaron nuevos arcos de videovigilancia y se modernizaron los centros de monitoreo ya existentes en la entidad.
Combate a la extorsión y mayor confianza ciudadana
Como parte de los resultados atribuidos a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el gobierno morelense reportó que las denuncias por este delito registraron un incremento de 30 por ciento, cifra que las autoridades interpretan como un indicador de mayor confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia, más que como un repunte delictivo.
Este dato se enmarca dentro de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, que —de acuerdo con el secretario Urrutia Lozano— se encuentra alineada con la política de seguridad implementada a nivel federal por el Gobierno de México, y en la que Morelos se ha posicionado, según el propio funcionario, como el primer estado del país en aplicar dicho esquema, sumando ejes adicionales que fortalecen el trabajo cotidiano en la materia.
Formación policial y coordinación con corporaciones federales
La estrategia de seguridad estatal no se limita a la infraestructura tecnológica. El gobierno de Morelos también ha impulsado la profesionalización de sus cuerpos policiacos a través del Programa de Formación Inicial para Policía de Proximidad, cuya primera generación reunió a 122 aspirantes provenientes de la SSPC y de distintos ayuntamientos del estado, quienes se sumarán a labores de prevención del delito en sus respectivas demarcaciones.
Adicionalmente, las autoridades destacaron la firma de un convenio de seguridad con Caminos y Puentes Federales (Capufe), que permitió instalar cámaras de videovigilancia adicionales y que, según reportó la SSPC, ha contribuido a lograr detenciones relevantes vinculadas con delitos de alto impacto. El gobierno estatal reiteró que continúa la colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades municipales, coordinación que se articula a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Durante distintos eventos públicos, la gobernadora Margarita González Saravia ha insistido en que garantizar la seguridad y la justicia no depende únicamente de reformar leyes o incrementar el número de elementos policiales, sino también de fortalecer el compromiso institucional con la ciudadanía, factor que —a su juicio— incide directamente en la estabilidad social y política de la entidad.
Apoyos sociales: recursos para comunidades indígenas y afromexicanas
Más allá del componente de seguridad, la agenda gubernamental incluyó anuncios sobre programas de apoyo social. A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), estrategia impulsada en colaboración con el Gobierno federal, el Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Morelos (IPIAM) informó la entrega directa de 82 tarjetas a igual número de comunidades indígenas y afromexicanas, con un recurso global superior a los 104 millones de pesos.
Estos recursos, de acuerdo con lo informado, podrán destinarse a obras y servicios básicos como agua potable, drenaje, letrinas, alcantarillado, electrificación, infraestructura de salud y educación, mejoramiento de vivienda y urbanización en las comunidades beneficiadas.
Un modelo que el gobierno estatal busca consolidar
En conjunto, las acciones presentadas por el gobierno de Morelos —que combinan inversión tecnológica, formación policial, coordinación interinstitucional y programas de apoyo social— forman parte de una estrategia que la administración estatal ha buscado posicionar como un modelo replicable a nivel nacional. Las autoridades han insistido en que los resultados hasta ahora reportados, desde el retiro de cámaras irregulares hasta el incremento en denuncias por extorsión, reflejan avances progresivos, aunque la evaluación definitiva de su impacto dependerá de su sostenimiento en el mediano y largo plazo.
