Morelos fortalece alianza regional para formalizar el empleo

Seis entidades intercambiaron diagnósticos y experiencias para reducir la informalidad laboral, fortalecer los derechos de los trabajadores y ampliar las oportunidades de empleo digno.

El fortalecimiento del empleo formal y la generación de mejores condiciones laborales se colocaron en el centro del diálogo entre autoridades de seis entidades del país, durante el Primer Encuentro Regional de Titulares de las Secretarías del Trabajo 2026, realizado en Tlaxcala, donde Morelos participó con propuestas y experiencias orientadas a enfrentar uno de los principales desafíos del mercado laboral: la informalidad.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), el Gobierno de Morelos se sumó a este espacio de coordinación interinstitucional, cuyo propósito fue compartir estrategias, analizar las condiciones laborales de cada estado e identificar mecanismos que permitan ampliar el acceso de la población a empleos que ofrezcan seguridad social, prestaciones y respeto pleno a sus derechos.

La reunión congregó a representantes de las administraciones laborales de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, además de integrantes del sector empresarial y de instituciones federales. La participación de estas entidades permitió establecer un panorama regional sobre las dificultades que enfrenta la formalización del trabajo y las oportunidades para construir respuestas conjuntas.

Del trabajo informal al empleo con derechos

En representación del secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, José Víctor Sánchez Trujillo, acudió la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Samantha Davis Sánchez, quien expuso la importancia de impulsar una política laboral que no se limite a incrementar el número de personas ocupadas, sino que también garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades.

Durante su intervención, destacó que uno de los objetivos prioritarios de la administración estatal consiste en reducir la brecha entre contar con una actividad económica y tener un empleo formal que proporcione protección laboral, estabilidad y acceso efectivo a los derechos establecidos en la legislación.

Este planteamiento pone sobre la mesa una diferencia fundamental para el desarrollo económico: no basta con que las personas encuentren una fuente de ingresos; es necesario que puedan desempeñarse en espacios laborales donde existan condiciones de seguridad, remuneraciones justas, prestaciones y mecanismos institucionales que protejan su integridad y bienestar.

La informalidad representa un desafío que trasciende las estadísticas de ocupación, debido a que millones de trabajadores pueden desarrollar actividades productivas sin contar con las garantías que ofrece un empleo debidamente registrado. Esta situación también plantea dificultades para las empresas, las instituciones de seguridad social y las economías locales.

Inspección, vinculación y acompañamiento empresarial

Como parte de las estrategias planteadas por Morelos, la subsecretaria Ana Samantha Davis Sánchez subrayó la necesidad de fortalecer tres áreas fundamentales: la vinculación laboral, la inspección preventiva y el acompañamiento al sector empresarial.

La primera busca mejorar los mecanismos que conectan a quienes buscan trabajo con las empresas que requieren personal, facilitando oportunidades de contratación y promoviendo relaciones laborales reguladas.

En cuanto a la inspección preventiva, su importancia radica en promover el cumplimiento de las disposiciones laborales, identificar posibles irregularidades y generar condiciones para que los centros de trabajo conozcan y atiendan sus obligaciones antes de que se presenten conflictos o vulneraciones a los derechos de sus trabajadores.

Por otra parte, el acompañamiento a las empresas constituye una herramienta para impulsar la formalización, particularmente entre los negocios que requieren orientación sobre sus responsabilidades patronales y los procedimientos necesarios para operar dentro del marco legal.

La combinación de estas acciones busca generar condiciones en las que la formalidad laboral sea parte de una estrategia de crecimiento económico, competitividad empresarial y bienestar social.

Seis entidades construyen una agenda laboral regional

Uno de los principales componentes del encuentro fue el intercambio de información sobre las características del empleo y la informalidad en cada uno de los estados participantes.

Las autoridades presentaron diagnósticos sobre sus respectivas realidades laborales, identificando problemáticas compartidas y experiencias que podrían adaptarse a las necesidades de otras entidades.

Este ejercicio permitió reconocer que, aunque cada estado enfrenta condiciones económicas y productivas particulares, existen retos comunes relacionados con la incorporación de trabajadores a esquemas formales, el cumplimiento de las obligaciones laborales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social.

La participación de representantes empresariales y de instituciones federales también permitió ampliar la perspectiva del diálogo, al incorporar diferentes puntos de vista sobre las condiciones que favorecen la creación de empleos formales y el desarrollo de actividades productivas.

La coordinación regional representa una oportunidad para aprovechar experiencias que han dado resultados en determinados sectores o territorios, así como para identificar áreas en las que es necesario reforzar la colaboración entre gobiernos, empresas y trabajadores.

Morelos suma experiencia institucional al diálogo

Además de la participación de la subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, la representación morelense estuvo integrada por funcionarios responsables de distintas áreas de atención y protección laboral.

Asistieron Yuridia Ibarra Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Fausto Miguel Miranda Montero, director general de Inspección del Trabajo, y Mario Alberto Medina Yáñez, procurador estatal de la Defensa del Trabajo.

La presencia de estos funcionarios permitió incorporar al intercambio regional las perspectivas de conciliación, vigilancia del cumplimiento de las disposiciones laborales y defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

Se trata de ámbitos complementarios para atender los desafíos del mercado laboral, pues la formalización no depende únicamente de generar nuevas contrataciones, sino también de garantizar que las relaciones de trabajo se desarrollen conforme a la ley y que existan instituciones capaces de intervenir cuando se presentan controversias o incumplimientos.

Formalización laboral, una tarea vinculada al desarrollo económico

El avance hacia un mercado laboral con mayores niveles de formalidad tiene implicaciones directas para el desarrollo de las entidades. Los empleos registrados permiten ampliar el acceso de los trabajadores a servicios de salud, prestaciones, mecanismos de ahorro para el retiro y otras formas de protección social.

Asimismo, contribuyen a establecer relaciones laborales con mayor certidumbre jurídica, tanto para quienes ofrecen su fuerza de trabajo como para quienes generan oportunidades de contratación.

Para las empresas, cumplir con las disposiciones laborales también representa un elemento importante para consolidar sus operaciones, fortalecer su organización y participar en condiciones de mayor certeza dentro de la economía.

En este contexto, la colaboración entre las seis entidades participantes busca que las estrategias de formalización respondan a las características reales de sus mercados laborales y que las experiencias compartidas puedan traducirse en acciones concretas.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos dará seguimiento a los acuerdos y al intercambio de experiencias derivado de este encuentro, con el objetivo de fortalecer las acciones estatales en materia de empleo formal, protección de los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

La participación morelense en esta primera reunión regional abre un espacio para mantener la coordinación con otras administraciones y continuar impulsando políticas que vinculen la generación de oportunidades económicas con la protección de las personas trabajadoras.

El desafío consiste en avanzar hacia un modelo en el que el crecimiento productivo y la creación de empleos estén acompañados de condiciones laborales dignas, seguridad social y respeto a la legislación, elementos indispensables para que el desarrollo económico también se refleje en el bienestar de las familias.