Morelos reporta una baja sostenida en delitos de alto impacto
La Mesa de Paz atribuye la tendencia a una estrategia coordinada con fuerzas federales y estatales, inteligencia, videovigilancia y acciones contra la extorsión.
Disminuye 51% el promedio diario de homicidios
Morelos registra una reducción simultánea en diversos delitos considerados de alto impacto, de acuerdo con el balance presentado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, correspondiente a julio y la primera quincena de agosto.
Uno de los principales indicadores expuestos durante la sesión fue el comportamiento del homicidio doloso. Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario pasó de 4.3 casos en noviembre de 2024 a 2.1 en julio de 2026, lo que representa una disminución de 51 por ciento.
La administración estatal señaló que esta evolución forma parte de una tendencia que también ha comenzado a reflejarse en otros delitos, entre ellos el robo a transportista con violencia, lesiones provocadas con arma de fuego, robo de vehículos y delitos patrimoniales cometidos con violencia.
El descenso también contempla indicadores relacionados con robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y feminicidio, de acuerdo con el reporte presentado durante la reunión celebrada en el Salón Bicentenario del Palacio de Gobierno.
Coordinación operativa como eje de la estrategia
El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, destacó que la presentación periódica de resultados busca fortalecer la rendición de cuentas y mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas por las instituciones encargadas de la seguridad.
La estrategia involucra a autoridades de los tres órdenes de gobierno, con una combinación de despliegues territoriales, labores de inteligencia, investigación ministerial, videovigilancia y acciones de proximidad social.
Durante julio se contabilizaron 10 mil 046 operativos conjuntos y 25 mil 799 acciones interinstitucionales, de acuerdo con el informe. Estas labores derivaron en 212 detenciones, además del aseguramiento de más de 30 armas y la recuperación de 110 motocicletas y 21 vehículos.
Los resultados también incorporaron información obtenida mediante los sistemas de videovigilancia. En este rubro se reportaron 596 detenciones y la atención de 524 códigos rojos, indicadores que las autoridades consideran parte de la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia.
La investigación ministerial busca cerrar el ciclo
El componente operativo se complementó con acciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, institución que reportó 106 cateos y el cumplimiento de 70 órdenes de aprehensión durante el periodo evaluado.
Asimismo, se obtuvieron 144 vinculaciones a proceso, con una efectividad reportada de 89 por ciento.
El fiscal general, Fernando Blumenkron, señaló que la coordinación entre las instituciones que participan en la Mesa de Paz ha permitido fortalecer las investigaciones y avanzar en la judicialización de casos considerados prioritarios.
Entre los asuntos mencionados se encuentran los hechos registrados el 30 de junio en Yautepec. Por este caso, tres personas permanecen vinculadas a proceso y bajo prisión preventiva, según el informe presentado ante las autoridades.
La estrategia, de acuerdo con la Fiscalía, busca que las acciones de seguridad no se limiten a las detenciones, sino que los casos puedan sostenerse ante las instancias judiciales mediante investigaciones y diligencias ministeriales.
Extorsión, una de las prioridades en Morelos
El combate a la extorsión ocupa un lugar central dentro de las acciones de seguridad, particularmente por su impacto sobre comerciantes, empresarios y distintos sectores productivos.
Durante el periodo reportado se realizaron 20 cateos relacionados con este delito, además de cinco órdenes de aprehensión cumplimentadas y nueve detenciones en flagrancia.
A estas acciones se suman 11 vinculaciones a proceso.
El informe también destacó nueve sentencias condenatorias relacionadas con secuestro, extorsión y delitos contra la salud. En conjunto, dichas resoluciones representan 253 años y cinco meses de prisión, de acuerdo con los datos presentados durante la sesión.
Las autoridades consideran que el combate a la extorsión requiere no solamente de presencia policial, sino también de inteligencia, denuncia, investigación financiera y coordinación directa con los sectores que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Plan Cuautla refuerza la seguridad en la región oriente
En la zona oriente del estado, el despliegue se mantiene mediante el denominado Plan Cuautla, diseñado para concentrar capacidades institucionales en una de las regiones prioritarias para la estrategia de seguridad.
José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, destacó la coordinación establecida con el Gobierno de Morelos.
Uno de los objetivos principales es fortalecer la respuesta frente a la extorsión y mantener una presencia permanente de las instituciones de seguridad.
Desde el 28 de julio, una Mesa de Construcción de Paz sesiona diariamente en Cuautla. Paralelamente, opera un grupo especializado de inteligencia destinado a identificar riesgos, dar seguimiento a investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta institucional.
Otro de los componentes es la comunicación directa con el sector económico. De acuerdo con el reporte, mil 350 personas ya participan en estos mecanismos de acompañamiento, con el propósito de facilitar la atención ante posibles intentos de extorsión.
Seguridad y atención de las causas
El despliegue en la región oriente no se limita a patrullajes y acciones policiales. El esquema contempla la participación de la Guardia Nacional, sistemas de videovigilancia y estrategias de proximidad social.
A la par, distintas dependencias federales participan en acciones relacionadas con bienestar, empleo, cultura y recuperación de espacios públicos.
El planteamiento parte de una premisa: la reducción de la violencia requiere intervenir tanto sobre los delitos ya cometidos como sobre las condiciones sociales que pueden favorecer su aparición.
En ese sentido, las autoridades buscan combinar la presencia de las fuerzas de seguridad con programas sociales y acciones comunitarias, particularmente en zonas identificadas como prioritarias.
La denuncia ciudadana, pieza clave
La Mesa de Coordinación Estatal subrayó que los resultados de una estrategia de seguridad también dependen de la participación de la ciudadanía.
Sara Olivia Parra Téllez insistió en la importancia de reportar oportunamente cualquier situación relacionada con posibles delitos. Para denuncias anónimas se mantiene disponible el 089, mientras que el 9-1-1 debe utilizarse ante situaciones de emergencia.
El llamado adquiere especial relevancia frente a delitos como la extorsión, donde las primeras señales pueden aparecer mediante llamadas, mensajes, amenazas o solicitudes de dinero.
La información proporcionada por ciudadanos, comerciantes y empresarios puede convertirse en un elemento para activar investigaciones y permitir que las autoridades identifiquen patrones delictivos.
Un balance con retos pendientes
Los datos presentados muestran una evolución favorable en varios indicadores de seguridad, especialmente en el promedio diario de homicidio doloso. Sin embargo, las propias autoridades mantienen el énfasis en la necesidad de consolidar los resultados y sostener los operativos.
La reducción de los delitos de alto impacto representa un indicador relevante, pero su permanencia dependerá de la capacidad institucional para mantener la coordinación, fortalecer las investigaciones, combatir las estructuras criminales y evitar que los grupos delictivos modifiquen sus métodos de operación.
En este escenario, el Plan Cuautla representa uno de los principales esfuerzos de concentración territorial, mientras que la estrategia estatal apuesta por combinar inteligencia, despliegue operativo, judicialización y atención de las causas sociales.
El reto para Morelos será transformar la disminución registrada en los indicadores en una tendencia sostenida y perceptible para la población, particularmente en regiones donde la extorsión y otros delitos continúan generando preocupación entre ciudadanos y sectores productivos.
